Los derechos sociales forman parte de la familia de derechos humanos de segunda generación. Son adquiridos, no inherentes ni preeminentes. Los derechos civiles y políticos constituyen el grupo de primera generación y están más en consonancia con el derecho natural, sobre todo cuando se tienen en cuenta las nociones de gobierno consensuado. Los regímenes no democráticos han pontificado sistemáticamente sobre los derechos sociales como base de su legitimidad. Tales afirmaciones, por supuesto, dependen de unos resultados socioeconómicos impresionantes. ¿Qué ocurre cuando la opresión y la escasez de libertades no pueden excusarse con supuestos “avances” sociales? El VI Informe 2023 del Estado de los Derechos Sociales en Cuba (Informe), emitido por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), aporta datos importantes a la cuestión de estos derechos. Esto es fundamental si se tiene en cuenta que las dictaduras los han utilizado durante mucho tiempo para impulsar prerrogativas de legitimación. El régimen cubano ha usado metódicamente este discurso.
La investigación para el estudio se llevó a cabo en 75 municipios de todas las provincias de Cuba y consistió en 1.354 entrevistas personales. La información confirmada en el trabajo del OCDH cita un deterioro de las condiciones básicas en todas las áreas que inciden en la vida en Cuba. Las cosas han ido de mal en peor. El Informe nos deja entender que aquellos a los que les va mejor disfrutan de una mayor influencia sobre el régimen, a juzgar por sus ingresos. Las remesas, una forma de subvenciones externas procedentes de familiares fuera del país, también son un factor determinante. Así, el éxodo de la juventud cubana es la industria de mayor crecimiento de la isla.
El argumento de que lo que se necesita es una mayor transferencia de capital para estimular el sector no estatal (llamarlo “privado” es un poco falso) y fomentar una generación “emprendedora” vuelve a hacer mucho ruido estos días. Por lo visto, 45 años de liberalización económica de ida y vuelta, al estilo castrocomunista, no bastan para convencer a los intransigentes empeñados en que los estadounidenses inviertan en el capitalismo estatal y concesional cubano. La historia ha pasado desapercibida para algunos.
En 1978, el Decreto-Ley No. 14 dio cabida al cuentapropismo en Cuba. El proyecto de Perfeccionamiento Empresarial, el plan para convertir a los soldados en empresarios en las empresas estatales (SOE), comenzó en 1987. La caída del comunismo soviético fue testigo de un aluvión de acuerdos liberalizados de inversión extranjera privada-estatal. En la década de 1990, el personal militar y no militar cubano fue enviado al extranjero para recibir formación en gestión hotelera, contabilidad y tecnología. Durante ciertos periodos, Cuba estuvo más dolarizada que la mayoría de los países latinoamericanos.
El traspaso del poder dictatorial de Fidel a Raúl Castro dio paso a una serie de reformas económicas. Se suponía que el “raulismo”, como algunos lo han acuñado, traería la eficiencia y la difusión de la riqueza entre los cubanos, al tiempo que conservaba el Estado socialista leninista. Aunque en modo alguno comparables a un sistema capitalista competitivo de libre empresa, las reformas raulistas fueron grandes para los estándares comunistas cubanos. Sin embargo, dada la ausencia total del Estado de derecho, el capricho de su primacía ideológica y la instrumentalización de las empresas estatales cubanas por parte de la élite del poder, ha surgido una poderosa clase oligárquica. Esta minúscula porción de la población ha sido la única beneficiaria del viaje de 45 años de Cuba comunista a través del capitalismo de estado marxista (no es un oxímoron).
Ha habido un cambio continuo que se ha profundizado desde que las modificaciones socioeconómicas del raulismo se convirtieron en ley cubana. Cuba está transitando a una cleptocracia. Está adquiriendo más cuerpo con el paso del tiempo. Estamos asistiendo a una evolución tropical al estilo Putin con características socialistas cubanas. Aquellos que abogan por invertir en el actual ámbito empresarial cubano, premeditada o benignamente, solamente beneficiarán a unos pocos oligarcas corruptos. El problema cubano es un problema político y ético de naturaleza estructural. Únicamente un cambio sistémico total puede traer días mejores para Cuba. Cualquier otra cosa solo contribuirá al abyecto empobrecimiento material y espiritual de los cubanos.
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