La Junta Interventora especial designada por el Tribunal Supremo de Justicia en las empresas Multinacional de Seguros C.A., Seguros Guayana C.A, Interbank Seguros C.A. y Adriática de Seguros C.A., con Julio Villarreal como presidente, se presentó en el estadio Nueva Esparta de Guatamare como parte del proceso que implica que estas empresas fueron embargadas por el Estado.

El TSJ emitió el miércoles 30 de octubre una sentencia en la que se modifica la solicitud de medida cautelar de embargo sobre bienes muebles de la sociedad de comercio Multinacional de Seguros C.A., propiedad del empresario Tobías Carrero, y se le adjudica el monto en 54 millones de dólares.

Una fuente informó que Yves Hernández, gerente general de la administración Carrero, recibió a Villarreal y su comitiva, que cumplió con el conclave y se marchó, señala diario Sol de Margarita.

El pasado 2 de marzo la Sala Constitucional del Tribunal extendió la designación de la Junta Interventora especial con Julio Villarreal como presidente; Ysmel Romer Serrano Flores como director; Jesús Manuel Suárez como director; Nelson José García y Ender Alexarder Montiel, como directores.

En el marco de la demanda por incumplimiento de contrato incoada por la compañía C.V.G. Industria Venezolana de Aluminio, C.A. (C.V.G. VENALUM), el Poder Judicial estimó que la aseguradora incumplió el contrato que ambas habían firmado con la empresa estatal al no pagarle por los daños en una de sus celdas de producción de aluminio en 2003.

Bravos de Margarita, equipo de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, es propiedad de Carrero desde 2006, cuando compró la franquicia Pastora de Los Llanos y la mudó al oriente venezolano. Cuando se efectuó aquella venta, la familia Finol, propietarios originales desde que nacieron como Petroleros de Cabimas en 1991, conservaba el 30 por ciento del paquete accionario. Habría que ver si ese reparto seguía así.

En esta coyuntura, la junta ad hoc nombrada por el TSJ tiene amplias facultades de administración, disposición, control y vigilancia, incluyendo atribuciones que confieren a las máximas autoridades de las respectivas sociedades mercantiles, por tanto asumiría competencias directivas en el equipo deportivo. La LVBP no se ha pronunciado hasta el momento.

Esto genera incertidumbre sobre la participación del equipo en la temporada 2020/2021 de la pelota venezolana, que ya pasa por la duda de cuál será la situación planteada por la pandemia de coronavirus.

Por otra parte, ya el año pasado la Oficina de Control de Activos Extranjeros del gobierno de Estados Unidos (OFAC), organismo de control financiero del Departamento del Tesoro, impidió a los peloteros de MLB y filiales participar en el torneo invernal de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional por vínculos de equipos con el gobierno de Nicolás Maduro.

Si Bravos se convierte en una empresa del estado enfrentaría las mismas sanciones, que la pasada temporada fueron levantadas a medias con la zafra peloteril en curso.

Además, el parecido con la situación presentada por el otro equipo de deporte profesional de la región es notable, por decir lo menos, aunque en un caso sea proceso judicial y en otro expropiación.

El Gobierno Nacional, está a cargo del conjunto de baloncesto Guaiqueríes de Margarita a través del Ministerio de Deportes, desde la expropiación de Conferry en 2011, una empresa que pertenecía a Rodolfo Tovar Mata.

El Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la magistrada María Carolina Ameliach, ordenó al Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte entregar el equipo a Tovar Mata, según señala el expediente Nro. 2015-0283 procedente la solicitud formulada mediante escritos de fechas 17 de julio de 2018, 6 de junio y 27 de noviembre de 2019, pero eso no se ha concretado.

¿Tendrá Margarita beisbol en el futuro cercano?