El Senado comenzará una investigación sobre los contratos otorgados a la corporación American Management & Administration Corp (AMAC) para administrar residenciales públicos, el manejo de fondos y los servicios brindados a los complejos habitacionales.
La decisión fue tomada al aprobarse la resolución 775, propuesta por la senadora del Partido Popular Democrático (PPD), Migdalia González Arroyo. El texto, ordena a la Comisión de Asuntos Municipales y de Vivienda y a la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal a que lleve a cabo la investigación.
La AMAC era manejada por Walter Ricardo y Eduardo Javier Pierluisi Isern, primos del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y exdirectivos de su campaña política, quienes aceptaron el pasado 13 de abril que robaron casi $4 millones en fondos federales a través de la empresa.
“Al día de hoy, tanto el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, como su Administración de la Vivienda Pública no han aclarado cuál ha sido el impacto sobre los servicios a los residentes de los residenciales que administraba AMAC y cuál han sido las gestiones que el gobierno de Puerto Rico ha realizado para impedir que acciones como las realizadas por los hermanos Pierluisi vuelvan a suceder y o puedan preverse”, expone la pieza legislativa.
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Agrega que “en Puerto Rico existen 332 complejos de vivienda pública, de los cuales 310 son administrados por entidades privadas. A tenor con lo anterior, es responsabilidad contractual de las empresas privadas a cargo de administrar las operaciones de los residenciales públicos el mantener en estado óptimo los mismos, evitando el que se afecte la calidad de vida de quienes ocupan estas viviendas”.
En la medida se establece que “es altamente preocupante los recientes actos de corrupción asociados a los directivos de una de estas compañías, y surgen serias dudas sobre si los servicios que nuestros ciudadanos residentes de proyectos de vivienda pública se vieron afectados y cuales fueron las acciones proactivas de las agencias pertinentes para garantizar los mismos”.
Medida para investigar la viabilidad de crear una reserva de diésel
El Senado también aprobó la R. de la S. 659 para la investigación de la viabilidad de crear una reserva estratégica de diésel y para establecer que la reserva sea administrada por el Negociado de Energía y el Departamento de Seguridad Pública.
La misma, de la autoría de la senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP), Kerem Riquelme Cabrera, establece que la reserva es para tener abastecimientos suficientes durante un caso de emergencia, incluyendo la localización, capacidad, construcción y acceso a fondos federales. La medida tuvo 22 votos a favor y un voto en contra.
