La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este miércoles su informe tras visitar a Colombia en el marco de las protestas antigubernamentales, en el que concluye que la respuesta del gobierno se basó “en el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos, incluido la fuerza letal”.

Después de casi un mes desde la visita del organismo al país latinoamericano para verificar denuncias de violaciones de Derechos Humanos, la CIDH informó sus conclusiones y compartió 40 recomendaciones que presentó a la administración colombiana.

En este sentido, la comisión explicó, en una rueda de prensa desde Washington, que recibió un total de 2.908 solicitudes para dar testimonio de los cuales finalmente se logró contar con 302 declaraciones individuales y colectivas, con más de 500 personas implicadas.

La presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, destacó que las manifestaciones fueron, en su mayoría pacíficas (un 89%), mientras que informó sobre graves violaciones a los DD. HH., entre las que denunció la violencia de género y discriminatoria, contra periodistas y misiones médicas, así como un uso indiscriminado de armas de fuego contra manifestantes.

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“La Comisión ha podido constatar que en reiteradas ocasiones, así como en diversas regiones del país, la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos, incluyendo la fuerza letal”, criticó.

Otra de las acusaciones que pudo constatar la comisión es la “violencia étnico-racial”, para resaltar que organizaciones de la sociedad civil afirmaron que “al menos 82 personas afrodescendientes habrían sido objeto de represión por parte de la fuerza pública”, mientras que en Cali y Yumbo, “de las 39 personas fallecidas, once serían de ese origen racial”.

Asimismo, manifestó la preocupación del organismo ante la presencia de discursos estigmatizantes, “que propician un acelerado deterioro del debate público, es especialmente preocupante cuando provienen de autoridades públicas”, recoge ‘El Tiempo’.

En cuanto a los “cortes de ruta”, acepción con la que la CIDH se refiere a los bloqueos, indicó que las consecuencias de los mismos supusieron un “profundo malestar y agotamiento de algunos representantes del estado, cuerpos policiales y parte de la sociedad”, derivado de “serias afectaciones particulares y colectivas”.

Entre estas consecuencias, algunas de las cuales han sido graves y han atentado contra la vida, ha condenado la muerte de dos bebés que no pudieron ser trasladados a centros de atención debido a los bloqueos.

Sin embargo, esto no debería llevar a que “el Estado desatienda su deber de tolerar cierto grado de perturbación con respecto a esta modalidad de protesta”, un comportamiento que puede “contribuir al escalamiento de la tensión social” o puede “obstaculizar la gestión del conflicto social desde la perspectiva del diálogo”.

En este sentido, recordó al gobierno colombiano que “las personas manifestantes tienen la libertad de elegir la modalidad de su protesta”, y que, por tanto, “no puede imponer restricciones a priori que la desnaturalicen”.