La actual avalancha de indocumentados hacia Estados Unidos a través de México no solo expone un drama humanitario, sino también el tráfico de migrantes que mueve miles de millones de dólares y en el que las personas son tratadas como mercancías.

Cada año se registran cientos de miles de entradas ilegales por la frontera de 3.200 km, que generan 4.200 millones de dólares anuales a estos traficantes conocidos como “coyotes” o “polleros”, según un informe de la ONU de 2018. En 2010 el organismo cifró esas utilidades en 6.600 millones de dólares.

Como otras modalidades de crimen organizado, esta es controlada por narcotraficantes, aunque el primer eslabón puede ser un vecino de los migrantes, mayoritariamente centroamericanos.

Acosado por la pobreza, el hondureño Juan Macías (nombre cambiado) le pagó en marzo a una de esas redes 7.000 dólares que reunió con préstamos familiares.

“Trabajan a través de organizaciones, les llaman guías; ya luego en la frontera están los cárteles”, dijo el hombre de 35 años a la AFP en un refugio de la mexicana Ciudad Juárez, adonde llegó expulsado de Estados Unidos.

Ahora espera algún beneficio migratorio del presidente estadounidense, Joe Biden, o intentar cruzar por sus medios.

Macías cuenta que trató con ocho “polleros” durante su viaje junto con una treintena de migrantes.

“Uno se identificaba con el código cuando llegaba al lugar: ‘yo soy fulano de tal y este es el código’ (…) No dicen nada, solo ‘síganme'”, relata.

Empresas criminales

El tráfico no se detuvo ni con la política de “tolerancia cero” del expresidente Donald Trump, y experimenta un repunte con Biden, quien ofreció regularizar a 11 millones de indocumentados y frenó la separación de familias.

Los traficantes “encontraron una coyuntura en el discurso de Biden para empezar a jalar más gente”, señala Óscar Hernández, investigador del Colegio de la Frontera Norte, en México.

Pero el mandatario acaba de retrasar su plan para aumentar la cuota de refugiados admitidos y mantuvo por ahora el límite históricamente bajo de 15.000 de Trump (3.000 para Latinoamérica), desatando críticas de los demócratas.

Las detenciones de indocumentados en Estados Unidos se dispararon un 71% en marzo, llegando a 172.300, mientras el número de menores no acompañados se duplicó hasta casi 19.000.

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Esas personas arribaron tras largas y peligrosas travesías a pie, en cajas de camiones o en tren.

Tras denunciar que los criminales “están sugiriendo a los migrantes que lleven niños”, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció este domingo que propondrá a Biden un plan para regularizar gradualmente a esas personas. 

El tráfico fue controlado originalmente por mexicanos vinculados a un programa que les permitió trabajar en Estados Unidos entre 1942 y 1964.

Con los años fueron sustituidos por empresas criminales capaces de corromper autoridades y que emplean desde “enganchadores”, los que ayudan a cruzar la frontera entre México y Guatemala, hasta quienes cargan una escalera para pasar la valla hacia Estados Unidos. 

En 2020, México investigaba a una veintena de redes. Entre los migrantes también hay cubanos, haitianos, africanos, chinos e indios, según la ONU.

Y pese a que la seguridad fue reforzada, los contrabandistas estarían utilizando rutas distintas a las tradicionales.

Migrantes marcados como mercancías

En el tortuoso trayecto los migrantes “se convierten en mercancías”, asegura la ONU, al punto de ser marcados con pulseras que llevan sus nombres e inscripciones como “entregas” o “llegadas”.

A una hondureña de 24 años y su hija de uno les colocaron pulseras de color morado, que debían tirar antes de entregarse a oficiales estadounidenses.

“Te las ponen antes de llegar al río, y luego de pasar, tienes que sacártela”, comenta en un albergue de Ciudad Juárez la mujer, expulsada el 12 de abril con otras 156 madres y sus hijos. No quiere decir su nombre. 

Los narcos irrumpieron en el tráfico de migrantes en 2009, en medio de la ofensiva militar antidrogas desplegada por el presidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012), que ha dejado unos 300.000 muertos desde entonces.

“Es un negocio y, como tal, funciona por oferta y demanda (…) Si el Estado presiona en la guerra antidrogas, los narcos van a buscar diversificación”, explica Javier Urbano, de la Universidad Iberoamericana.

Además, este delito implica menos riesgos. En 2020, cinco hombres fueron condenados a seis años de cárcel en México por transportar a 785 migrantes en camiones. 

Algunos narcotraficantes se dedicaron también a robar, extorsionar u obligar a los migrantes a trabajar para ellos. “Por eso sabemos de casos extremos de asesinatos”, añade Urbano.

En 2010, 72 migrantes fueron masacrados en San Fernando (Tamaulipas, este) por supuestamente negarse a servir a Los Zetas, mientras 16 guatemaltecos y tres mexicanos fueron asesinados en enero pasado.