El Congreso de Chile aprobó un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia, una medida muy popular, pero que fue impugnada por el presidente Sebastián Piñera ante el Tribunal Constitucional (TC).
La Cámara de Diputados ratificó la iniciativa por una contundente votación de 119 votos a favor, 17 en contra y 3 abstenciones. El jueves ya había sido aprobada en el Senado.
La normativa fue planteada por legisladores de centro izquierda y apoyada por una amplia mayoría de legisladores de la coalición de gobierno. Esto ante los reclamos de miles de chilenos que piden más recursos económicos para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia que mantiene desde hace cerca de un mes a casi el 90% del país en cuarentena.
“Este Congreso ha respaldado por una amplía mayoría la expectativa de miles de chilenos. Ahora esperamos un gesto del presidente” para retirar el requerimiento ante el TC, dijo el diputado oficialista Eduardo Durán.
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En una polémica decisión, el mandatario envió el martes la iniciativa a revisión del Tribunal Constitucional. El TC ya falló en contra de una iniciativa similar que planteaba un segundo retiro, pero que se terminó por ejecutar luego que el gobierno impulsara otro proyecto similar.
El gobierno argumenta que bajo la actual Constitución, todas aquellas iniciativas que signifiquen alguna modificación al sistema previsional solo pueden ser realizadas por el Ejecutivo y no por parlamentarios.
El mandatario tiene plazo hasta el martes para retirar su presentación ante el TC.
Resurgimiento de las protestas
La decisión del mandatario generó una serie de protestas en varios barrios de Santiago, donde desde hace tres días manifestantes han hecho sonar cacerolas, y en algunas zonas de la periferia, levantaron barricadas y se enfrentaron con la Policía.
La noche del jueves, dos buses del transporte público de Santiago fueron quemados por manifestantes. De mañana, centenares de personas, en su mayoría mujeres, hicieron sonar cacerolas y levantaron barricadas en el populoso barrio de La Pintana, en el sur de Santiago.
“No más bonos de mentira; nuestro 10% ahora”, rezaba un cartel levantado por habitantes de La Pintana, uno de los barrios más pobres de la capital chilena.
La serie de requisitos y condiciones impuestas por el gobierno para optar a las ayudas sociales, además de su tardanza, ha generado mucha rabia y desesperación en una población obligada a permanecer varios meses en cuarentena y que asegura haber recibido muy poca de la ayuda prometida por Piñera.
El gobierno afirma que se ha destinado cerca del 10% del PIB chileno (unos 20.000 millones de dólares) en ayudas, pero expertos aseguran que solo un quinto de esos recursos ha ido directamente a los bolsillos de los más afectados.
En un último intento por detener el avance en el Congreso del tercer retiro, el presidente Piñera anunció el lunes la ampliación del Ingreso Familiar de Emergencias a 13,5 de los 19 millones de habitantes del país, que recibirán un bono de 100.000 pesos (143 dólares) mensual durante un trimestre.
La medida, sin embargo, no logró su objetivo y el Congreso terminó aprobando el tercer retiro, y que de concretarse, dejará a casi la mitad de los afiliados al sistema privado de pensiones con sus cuentas en cero y reducirá en cerca del 30% el monto total futuro de las pensiones.
