Centenares chilenos, en su mayoría mujeres, hicieron sonar cacerolas y levantaron barricadas en un populoso barrio del sur de Santiago, exigiendo la aprobación de un tercer retiro anticipado de fondos de pensión para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia.

“No más bonos de mentira; nuestro 10% ahora”, rezaba un cartel levantado por habitantes de la comuna de La Pintana, una de las más pobres de la capital chilena, en la antesala de la votación por el tercer retiro anticipado de hasta un 10% de los fondos de pensión que se lleva adelante en el Senado. 

Los manifestantes hicieron sonar cacerolas y sartenes e incendiaron una barricada, en un hecho que paralizó por unos minutos el tránsito vehicular.

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De madrugada, y por segundo día consecutivo, hubo protestas en otros barrios de la periferia de Santiago, como en el sector “Lo Hermida”, en la comuna de Peñalolén, Maipú y Pudahuel, las que terminaron con al menos nueve detenidos según la Policía.

En el puerto de San Antonio, en la región de Valparaíso, se registró también una protesta de trabajadores portuarios, quienes se declararon “en alerta” frente a la posibilidad de que no se concrete el tercer retiro anticipado tras la decisión del gobierno del conservador Sebastián Piñera de enviar el proyecto de ley a revisión del Tribunal Constitucional.

La normativa, levantada por legisladores de la oposición, era discutida el pasado jueves en una sesión especial en el Senado, donde se daba por descontada su aprobación.

La Cámara de Diputados ya aprobó el proyecto por una amplía mayoría de 122 votos a favor, 20 en contra y 4 abstenciones.

Los retiros de los fondos de pensiones se han convertido en una práctica reiterada en Chile pese a ser uno de los países mejor preparados para hacer frente a la pandemia en América Latina, por su bajo nivel de deuda y altos ahorros fiscales.

En marzo de 2020, el país mantenía en dos fondos soberanos cerca de 23.000 millones de dólares, informó AFP.

El gobierno afirma que se ha destinado cerca del 10% del PIB chileno (unos 20.000 millones de dólares) en ayudas, pero expertos aseguran que solo un quinto de esos recursos ha ido directamente a los bolsillos de los más afectados.