Por María Verónica Torres Gianvittorio

El gobierno interino se equivoca al abordar el diálogo político con Nicolás Maduro para la vacunación masiva de venezolanos contra el COVID, presionando con la misma estrategia usada durante la Crisis Humanitaria Compleja: una escalada de presión política internacional con sanciones económicas y militares.

Maduro blindó su poder con una robustecida red comercial, a través de vías financieras alternativas creadas para evadir las sanciones; reforzó convenios militares reuniendo importantes aliados internaciones capaces de redistribuir las fuerzas políticas en la Región; y desestimó los pronunciamientos, informes y dictamines de los sistemas y cortes internacionales de protección y defensa de Derechos Humanos (entre ellos, el Mecanismo Especial de Seguimiento de la CIDH instalado en Venezuela).

Considerando la necesidad de cortar la cadena de contagios en Venezuela, reducir la curva de mortalidad y evitar la posible generación de una cepa autóctona derivada de la evolución y conjunción de las otras variantes del COVID que hacen vida en el país, es necesario ofrecerle a Maduro un bien político preciado para que permita la vacunación en beneficio de los venezolanos: la despolitización del manejo de la pandemia.

El Vaticano es el único interlocutor apolítico, sin medios sancionatorios, y experiencia en procesos de negociación política con el gobierno, capaz de garantizar diplomáticamente la compra suficiente de vacunas de calidad certificada, y la implementación de un plan nacional de distribución independiente a través de Cáritas y/o las arquidiócesis, sin discriminación política.   

Antecedente como mediador y establecimiento de condiciones mínimas

Desde que El Vaticano vio burlado su papel como mediador diplomático del diálogo entre oposición y gobierno en República Dominicana en 2017, ha evitado intervenir en la crisis venezolana. Incluso ante la solicitud expresa que Nicolás Maduro hizo al Papa en 2019 de que repitiera ese rol. En la carta privada de respuesta que se filtró a la prensa, Francisco le recordó al presidente que el proceso anterior resultó frustrado por el incumplimiento de los acuerdos tratados.

Para estas reuniones en Santo Domingo, El Vaticano estableció una serie de condiciones mínimas de diálogo que aún siguen vigentes y pudieran ser exigibles en el contexto COVID.

Reorientación de los esfuerzos de la sociedad civil

Los esfuerzos de la sociedad civil, incluyendo la Conferencia Episcopal y el Consejo Evangélico de Venezuela, se han orientado en que ambos bandos políticos trabajen conjuntamente en un plan de vacunación nacional.

Tanto Maduro como Guaidó se han adjudicado la victoria sobre la activación del mecanismo COVAX para la adquisición de unas insuficientes —y en demasía retardadas— 11 millones de dosis de vacunas de calidad certificada, destinadas a 5.5 millones de personas. Este proceso ha carecido de garantes y aún se desconocen los protocolos. Para comenzar la inmunidad de rebaño es necesario vacunar al 70% de la población mayor de 16 años, es decir, que son requeridas aproximadamente 30 millones de dosis cuyo plan de ejecución excede los límites del colapsado sistema de salud pública.

La sociedad civil debe redireccionar sus solicitudes estratégicamente hacia El Vaticano, única contraparte apolítica válida —y posible—  para despolitizar el proceso, garantizar su aplicación y liberar el tablero actualmente trancado por Maduro. Así como abogar por la compra de una cantidad mínima de dosis necesarias, y ejecutar un plan de vacunación nacional a través de Cáritas y las arquidiócesis. En ese sentido, la beatificación de José Gregorio Hernández, el 30 de abril, se presenta como una excelente oportunidad de hacer llegar esta iniciativa a la diplomacia vaticana, que estará presente en el país.

Las credenciales de la foto de portada son de Federico Parra de AFP.

María Verónica Torres Gianvittorio es Abogada egresada de la Universidad Monteávila, Caracas. Magister en Estudios Políticos y Derecho Constitucional del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Madrid. Diplomada en Teoría Política y Gestión Pública por la Universidad Miguel de Cervantes, Santiago de Chile.

Es directora del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Monteávila; consultora política; experta para Venezuela de la organización internacional Open Doors para estudios de libertad religiosa; integrante de la Red Iberoamericana de Libertad Religiosa; y miembro del Comité Académico del think tank CEDICE Libertad. Es conferencista en programas de estudios jurídicos y ciencias políticas, con experiencia en países como Chile, Estados Unidos, España, México, Uruguay y Venezuela.

Fue directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Monteávila, Caracas; Directora Académica del Programa de Partidos Políticos para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, Montevideo; y Directora Ejecutiva de la asociación civil FORMA, Caracas. En la Universidad Monteávila impartió las asignaturas Teoría Política y Constitucional de la Escuela de Derecho; Instituciones Jurídico-Políticas de la Escuela de Comunicación Social; Interpretación Constitucional de la Especialización de Derecho Procesal Constitucional; Filosofía Social, Económica y Política de la Especialización de Planificación, Desarrollo y Gestión de Proyectos. Y ha sido docente del proyecto Reconciliación de la Unión Europea en alianza con