El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este lunes el proyecto de ley HB 1, también conocido como ley antidisturbios, la cual da más poder a las fuerzas del orden en el estado para controlar motines en las protestas.

“En Florida, estamos adoptando una postura sin disculpas por el estado de derecho y la seguridad pública. Estamos responsabilizando a quienes incitan a la violencia en nuestras comunidades, apoyando a nuestros agentes del orden que arriesgan sus vidas todos los días para mantenernos a salvo y protegiendo a los floridanos del caos de la violencia de las turbas”, dijo el gobernador.

La propuesta surgió a raíz de las protestas por el asesinato de George Floyd, las cuales generaron caos en ciudades como Miami, incitando a la destrucción de estatuas, locales comerciales, obras públicas y saqueos en tiendas y centros comerciales.

Anunciada por primera vez por DeSantis en septiembre de 2020, la ley antidisturbios incluía entonces nuevos delitos penales y un aumento de las penas para las personas que participan en reuniones violentas o desordenadas.

No obstante, protege el derecho de la Primera Enmienda, protegido constitucionalmente, a reunirse pacíficamente, aseguró la oficina del gobernador.

Castigos más severos

La Ley de Lucha contra el Desorden Público crea nuevas sanciones por destruir monumentos y propiedades históricas, cuyas consecuencias incluyen un delito grave de segundo grado y el pago de restitución por la reparación o reemplazo del monumento. 

También aumenta las penas y las clasificaciones para muchos de estos delitos, como asalto, agresión, agresión a un oficial, travesuras criminales, robo con allanamiento de morada y hurto cuando estos delitos se cometen durante o como consecuencia de un motín.

La ley antidisturbios crea además delitos específicos para la intimidación de la mafia y la intimidación cibernética para garantizar que Florida no sea un lugar acogedor para aquellos que deseen imponer su voluntad a civiles inocentes y a las fuerzas del orden a través de la mentalidad de la mafia. 

Los delitos de intimidación por turbas y la intimidación cibernética se convertirán en delitos menores de primer grado.