Rusia inició los trámites judiciales para ilegalizar a organizaciones vinculadas con el opositor encarcelado Alexéi Navalni, al calificarlas de “extremistas”, una medida que podría llevar a imponer duras penas de prisión para sus miembros.
La oficina de la fiscalía de Moscú indicó en un comunicado que pidió a la justicia que incluya al Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK) y sus oficinas regionales en la lista de organizaciones “terroristas y extremistas” del Comité Nacional Antiterrorista.
“Bajo eslóganes liberales, estas organizaciones se dedican a crear condiciones de desestabilización de la situación social y sociopolítica”, aseguró la fiscalía rusa.
Según el comunicado, “los objetivos reales de sus actividades son crear las condiciones para cambiar los fundamentos del orden constitucional, utilizando incluso la estrategia de las ‘revoluciones de colores'”.
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La lista de organizaciones “terroristas y extremistas” incluye grupos yihadistas como el Estado Islámico (EI) o religiosos como los Testigos de Jehová.
La ilegalización del FBK podría implicar duras penas de prisión para los partidarios de Navalni, que en marzo fue condenado a dos años y medio de prisión por un supuesto fraude que se produjo en 2014 y que muchos consideran como un pretexto para encarcelarlo.
Navalni, principal opositor al presidente Vladimir Putin, anunció el 31 de marzo que iniciaba una huelga de hambre para protestar contra las condiciones de su detención y acusó a la administración penitenciaria de denegarle la atención de un médico, a pesar de sufrir una doble hernia discal según sus abogados.
Tras su ilegalización en 2017, los Testigos de Jehová sufrieron numerosas inspecciones en sus oficinas en Rusia y varios de sus dirigentes fueron condenados a penas de prisión, de hasta seis años.
“Represión política masiva”
“Putin acaba de anunciar una represión política masiva”, denunció en Twitter Leonid Volkov, un colaborador de Navalni.
Volkov y el director del FBK, Ivan Jdanov, dijeron en un comunicado que no tienen ninguna duda de que “el tribunal de Putin” concretará la ilegalización.
Pero aseguraron que “continuarán con su trabajo pacíficamente, públicamente y eficazmente”.
Fundado en 2011, el FBK ya recibió en 2019 numerosas multas y vio cómo congelaban sus cuentas por no haber declarado correctamente que era “un agente extranjero”, una condición ambigua que la administración rusa atribuye a todas las organizaciones que se benefician de financiamiento extranjero y disponen de una “actividad política”.
El FBK es conocido por sus investigaciones sobre los casos de corrupción y el derroche de las élites rusas.
La organización difundió en enero un video en Youtube, visto más de 115 millones de veces, en el que acusaba a Putin de poseer un grandioso palacio cerca de la cosa del mar Negro.
Después de haber pasado cinco meses convaleciente en Alemania por un envenenamiento del que responsabiliza a Putin, Navalni, de 44 años, regresó a Rusia en enero, pero lo detuvieron inmediatamente.
Desde entonces, las decisiones judiciales contra el opositor y su entorno se multiplicaron, y estas se intensificaron en los últimos días.
Un tribunal ruso dictó el viernes una pena de dos años de cárcel a un colaborador del opositor que trabajaba para el FBK.
Liubov Sobol, otra de las colaboradoras de Navalni, ya había sido condenada el jueves a una pena de prisión condicional por haber entrado supuestamente en el domicilio de un agente de los servicios de seguridad rusos.
Más de 11.000 personas fueron detenidas en el conjunto de Rusia por su participación en las protestas de apoyo a Navalni.
