Marino Alvarado, abogado, activista y miembro de la directiva de PROVEA, explicó que la nueva resolución, impuesta por el régimen venezolano, solicita información confidencial, ”como nombres y direcciones, de las víctimas y beneficiarios de las organizaciones civiles”.

”La resolución del gobierno es la continuidad de un cerco a las organizaciones de la sociedad civil, no solo de Derechos Humanos, sino el conjunto de la sociedad, a quienes cada vez se le ponen más trabas para hacer su trabajo y ayudar” aseveró.

Asimismo, Alvarado denunció que esta resolución vinculada a la oficina de control de terrorismo, ”criminaliza la cooperación internacional, afectando directamente a todos los beneficiarios y poniéndolos de sospechosos de actos vandálicos”

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”Nuestros beneficiarios son aquellos a los que entes de seguridad les han hecho una detención arbitraria o abusado de ellos, organizaciones sindicales a las que le damos asesoría, a los grupos en sectores populares donde damos talleres a favor de los DD. HH.”, agregó.

El abogado también señaló que las ONG se han reunido para dar un pronunciamiento conjunto, donde habrá puntos que no serán negociables como la entrega de nombres de los beneficiarios.

”No podemos dar los nombres de los beneficiarios, no es solo ética, es responsabilidad, pondríamos en riesgo a miles de personas porque algunas de estas organizaciones dan alimentos, otras cooperan en el área de educación, otras en salud” añadió.