Para miles de mujeres pobres e indígenas peruanas víctimas de las “esterilizaciones forzadas” durante el gobierno de Alberto Fujimori, el inicio del juicio por este cuestionado programa de control de la natalidad les da esperanzas de reparaciones pero también de que el expresidente les pida perdón.
Fujimori, que gobernó de 1990 a 2000, y sus colaboradores fueron acusados de ser “autores mediatos de daños contra la vida y la salud, lesiones graves y violaciones graves de los derechos humanos”, entre los cuales destacan los casos de las mujeres esterilizadas bajo amenazas o engaños como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar -en teoría voluntario-, que el mandatario implementó en sus últimos cuatro años en el poder.
Además del expresidente, los demás procesados son los exministros de Salud Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong Motta y Marino Costa Bauer, y dos exfuncionarios locales.
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Gloria Basilio Huamán, una de las afectadas, declaró para AFP: “Más de 20 años hemos esperado que nos hagan justicia. Yo quiero que nos reconozcan, que nos pidan disculpas a todas las mujeres”.
Por su parte otra de las afectadas, Nancy Sánchez Guerrero, también expresó su sentimiento. “La vida se me complicó con la esterilización sin consentimiento. Desde que pasó esto yo me empecé a deprimir mucho. Mi pareja me decía que ningún hombre me iba a querer, porque era una mujer que no servía, porque no podía tener hijos. Me abandonó”, señaló la mujer de 48 años.
Las víctimas esperan que Fujimori, quien nunca se ha disculpado por las esterilizaciones, “pida perdón públicamente”. “Que él y sus ministros reconozcan que se han equivocado con nosotras, que somos humanos”, aseguró Sánchez.
Esta es la primera vez que la justicia peruana inicia la campaña electoral de 2016 la candidata presidencial Keiko Fujimori prometió compensar a las víctimas, pero sin admitir responsabilidad de su padre.
Además de eventuales condenas a los inculpados, las víctimas confían en ser indemnizadas por el Estado, en virtud de una reforma que se hizo al Plan Integral de Reparaciones para víctimas del conflicto armado interno (1980 a 2000).
