Para el gobierno interino de Venezuela recuperar el control de los activos del país los cuales aseguran, han sido ”saqueados y puestos en riesgo” por las acciones irresponsables de ”expropiación y endeudamiento” de las dictaduras tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro.
Respecto a esto, el interinato afirma haberse ocupado de litigios internacionales que se presume el régimen ”nunca atendió” y en la actualidad ponen en riesgo a los activos de la nación en el extranjero.
Un caso de envergadura es el proceso que se lleva a cabo en la Corte de Delaware, en el que la minera canadiense Crystallex habría demandado a Venezuela por la pérdida que enfrentó en 2008, posterior a que Hugo Chávez expropiara la mina de oro La Cristinas, que se le había concedido para su explotación desde el año 2002.
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En la actualidad, se hizo pública la decisión del Juez Leonard P. Stark, principal titular de la Corte de Distrito del estado de Delaware, un hecho en relación a la demanda de Crystallex contra la República de Venezuela que compromete y afecta en dos dimensiones opuestas, mientras el fallo favorece la petición de Crystallex, la cual manda el avance de un proceso de venta de las acciones de PDV Holding, Inc., que son propiedad única, en Estados Unidos es Citgo; reafirma que aquella venta no podrá realizarse mientras exista la protección conseguida por el gobierno interino a través del Departamento del Tesoro de EE. UU.
Debido a las gestiones de Juan Guaidó y su equipo de gobierno, presuntamente el Departamento del Tesoro de EE. UU., a través de la Oficina de Control de Activos, mantiene una protección que prohíbe que ningún acreedor, incluyendo Crystallex, pueda embargar activos de Pdvsa, lo que confirma la protección de PDV Holding, Inc. y por ende de Citgo.
A pesar de haber lograda esta medida a través del gobierno interino, es importante tener presente que la filial petrolera y otros activos de la nación siguen en riesgo por culpa de malas administración, que comprometieron los activos de la nación.
