viernes, septiembre 20, 2024
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Tamara Suju presenta informe anual relacionado crímenes de lesa humanidad del régimen

Suju trajo a colación los testimonios de victimas que detallaron cómo en los centros en los que estaban retenidos, fueron “alimentados con vidrios molidos dentro de la comida”.

Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto Casla, presentó su informe anual en el que se relaciona al régimen cubano en la aplicación de nuevas torturas contra privados de libertad en Venezuela.

Nuevos estilos de represión y centros clandestinos de tortura, así como la “responsabilidad del régimen cubano en la inducción y comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, fueron denunciados en el mencionado informe sobre crímenes de lesa humanidad llevados a cabo por el régimen de Nicolás Maduro.

Suju, aseveró que su organización envió a la Corte Penal Internacional (CPI), 25 nuevas incidencias registradas en los periodos 2014 y 2020, entres las cuales al menos 141 individuos fueron víctimas de “detención arbitraria, tortura, desaparición forzada temporal y violación o alguna forma de violencia sexual”.

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“En los casos presentados individualizados 57 eran hombres y 15 mujeres, 38 civiles y 34 militares. En 14 de las 25 incidencias estuvo presente el crimen de la violación o alguna otra violencia sexual”, informó durante la presentación del informe admitido por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Asimismo, Suju trajo a colación los testimonios de victimas que detallaron cómo en los centros en los que estaban retenidos, fueron “alimentados con vidrios molidos dentro de la comida”.

“Fueron colgados de una polea o una columna horizontal esposados para asfixiarlos y hacerle descargas eléctricas (…) 55 personas fueron asfixiadas con bolsas plásticas llenas de gases tóxicos, 28 personas fueron asfixiadas con bolsas plásticas llenas de heces fecales (…) 36 personas fueron víctimas de distintos métodos de ahogamiento”, agregó al comentar diversos métodos de tortura.

Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto CASLA, resaltó que su organización envió a la Corte Penal Internacional (CPI), 25 nuevas incidencias registradas entre 2014 y 2020, en las que al menos 141 personas fueron víctimas de “detención arbitraria, tortura, desaparición forzada temporal y violación o alguna forma de violencia sexual”.

“En los casos presentados individualizados 57 eran hombres y 15 mujeres, 38 civiles y 34 militares. En 14 de las 25 incidencias estuvo presente el crimen de la violación o alguna otra violencia sexual”, detalló durante la presentación del informe acogido por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Suju hizo referencia a testimonios de victimas que describieron cómo en los centros en los que estaban detenidos, entre otras cosas, fueron “alimentados con vidrios molidos dentro de la comida”.

“Fueron colgados de una polea o una columna horizontal esposados para asfixiarlos y hacerle descargas eléctricas (…) 55 personas fueron asfixiadas con bolsas plásticas llenas de gases tóxicos, 28 personas fueron asfixiadas con bolsas plásticas llenas de heces fecales (…) 36 personas fueron víctimas de distintos métodos de ahogamiento”, agregó al relatar diversos métodos de tortura.

La defensora también resaltó que el Instituto CASLA presentó a la CPI tres incidencias donde aproximadamente 20 personas entre civiles y militares “fueron torturadas por oficiales cubanos”.

“Unos fueron torturados en las instalaciones de fuerte Tiuna donde los oficiales cubanos portan uniformes militares venezolanos y otros en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) donde los cubanos tienen una oficina permanente de asesoría en el piso 2”, dijo la abogada.

Suju insistió en que oficiales de la Fuerzas Armada Nacional (FAN) y funcionarios públicos son formados en la nación de Cuba, intima aliada de la dictadura venezolana, en una escuela de contrainteligencia ubicada en La Habana, “o formados por funcionarios y militares cubanos en Venezuela para aplicar técnicas de adoctrinamiento y control social”, asegura la funcionaria.

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