Los abogados representantes del Banco Central de Venezuela (BCV), del despacho Zaiwalla & Co, exigieron a la junta ad hoc del presidente (e) Juan Guaidó el pago de 442.800 euros, esto respecto a los gastos legales de la apelación sobre el caso de las reservas de oro venezolanas depositadas en el Banco de Inglaterra, que tienen un valor de 1.800 millones de euros.
En una orden judicial, el Tribunal de Apelación de Inglaterra exigía el pago de esa cantidad el pasado martes 20 de octubre pero, hasta ahora el pago sigue sin ejecutarse, según los representantes legales de la institución venezolana, reseñó Europa Press.
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”Cuando las partes a sabiendas no cumplen con una orden judicial mientras tienen los medios para hacerlo, el tribunal puede imponer sanciones, incluida la posibilidad de desestimar su caso”, expresó el abogado Sarosh Zaiwalla, quien además aseveró que el objetivo del BCV se basa en administrar los activos de Venezuela sin ningún tipo de injerencia internacional destinada a precipitar un cambio de gobierno.
”Las ganancias de la liquidación de estos activos se enviarán directamente al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para implementar su Plan de Respuesta Humanitaria covid-19. La pandemia sigue siendo una grave amenaza y el pueblo de Venezuela necesita desesperadamente activos muy valiosos que están siendo vinculados innecesariamente en este litigio”, indicó el abogado.
El lunes 5 de octubre, una Corte de Londres concedió al Banco Central de Venezuela el recurso de apelación en contra de la petición efectuada por un juez el 2 de julio, la cual establecía que Juan Guaidó era el ”presidente constitucional interino de Venezuela” y denegaba así el acceso al banco venezolano, bajo control del régimen dirigido por Nicolás Maduro, a las reservas de oro guardadas en el Banco de Inglaterra.
Esto debido a que los jueces no pudieron determinar en la actualidad si efectivamente se mantenía la jerarquía ejecutiva de Juan Guaidó, por lo que ordenaron, se lleve a cabo una investigación en profundidad cuya consecuencia última sería determinar a cuál de los dos políticos, de bancadas opuestas, corresponde el control real de los fondos
Con información de Europa Press
