El Gobierno de Estados Unidos inició este martes un proceso judicial contra Google por mantener un monopolio ilegal en las búsquedas y publicidad en internet, solicitando cambios estructurales que abren la puerta a una posible fragmentación de la compañía.

La causa, de gran significado político, podría tardar años en desarrollarse, pero desde ya inicia una enorme batalla entre el Gobierno estadounidense y un gigante tecnológico, con implicaciones potencialmente importantes para el sector. 

El fiscal adjunto del Departamento de Justicia, Jeffrey Rosen, dijo que el caso iniciado junto a 11 estados apunta a la posición monopólica de Google en el ecosistema digital.

“Google es la puerta de entrada a internet”, dijo Rosen a periodistas, citando los miles de millones en pagos de la compañía a los fabricantes de dispositivos para seguir siendo el motor de búsqueda principal. 

Trump le dará “más espacio” a Biden y lo dejará hablar en el último debate, según asesor

“Ha mantenido su monopolio mediante prácticas excluyentes que son perjudiciales para la competencia”, agregó.

La demanda iniciada en Washington propone que la corte considere una serie de soluciones, entre ellas una posible fragmentación de la empresa, aunque no ofrece demasiadas precisiones. 

Los demandantes piden al tribunal prohibir a Google las prácticas monopólicas y considerar el alivio estructural necesario para curar cualquier daño a sus competidores. Eso podría significar cambios internos en el gigante.

Consultado sobre cómo los funcionarios buscarían dividir a Google, Rosen evitó responder y dijo: “El litigio tendrá que continuar un poco más antes de que queramos establecer detalles específicos”.

Google calificó la demanda como profundamente viciada. “La gente usa Google porque lo elige, no porque se vea obligada a hacerlo o porque no pueda encontrar alternativas“, señaló la firma. 

La demanda fue presentada después de meses de investigaciones por parte de agentes antimonopolio federales y estatales en el país, que buscan verificar el poder de la gigantesca tecnológica, y pesquisas paralelas a otros titanes como Amazon, Facebook y Apple.

Las agencias federales, los comités parlamentarios y los fiscales han iniciado varias investigaciones contra estas compañías en casi todos los estados del país. 

El comportamiento de estas empresas han desatado la ira tanto de los funcionarios conservadores, que los acusan de parcialidad; como de los progresistas, preocupados por las infracciones de la ley de competencia y el fortalecimiento de las desigualdades. 

¿Solo el comienzo?

Rosen dijo que el caso de Google no será el último en relación a su pesquisa sobre las grandes plataformas tecnológicas. “Planeamos continuar con nuestra revisión de las prácticas competitivas de las principales plataformas en línea”, señaló.

El senador republicano de Misuri, Josh Hawley, muy crítico con las firmas del sector, celebró el inicio de la demanda y dijo que será el proceso por el abuso de dominio más grande en una generación. 

Google, la unidad principal de Alphabet, opera el motor de búsqueda dominante en la mayor parte del mundo y una variedad de servicios relacionados, como mapas, correo electrónico, publicidad y compras. También maneja el sistema operativo móvil Android, utilizado en la mayoría de los teléfonos inteligentes a nivel global.

Google ha sido multado por enormes cantidades por parte de las autoridades europeas por prácticas desleales con el fin de fortalecer su posición dominante, principalmente en el campo de las búsquedas en internet. 

La empresa ha negado sistemáticamente las acusaciones relacionadas con prácticas monopólicas. 

Michael Carrier, profesor de derecho de la Universidad de Rutgers y especializado en temas de competencia, dijo que el caso podría buscar forzar a Google a eliminar parte de su software de los teléfonos Android.

En ese sentido, sería similar al caso de Microsoft de la década de 1990, donde los clientes se vieron obligados a usar otros programas. 

Pero Carrier evaluó que la presentación de la demanda apenas dos semanas antes de las elecciones plantea la posibilidad de que las preocupaciones políticas estén jugando un papel. El caso es el de mayor perfil desde la acción contra Microsoft en 1998.

AFP.