miércoles, noviembre 27, 2024
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TSJ del régimen anuló sentencia a funcionarios implicados en el caso de Fernando Albán a dos años de su muerte

El Tribunal vigésimo noveno en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Caracas, anuló la acusación contra los dos implicados en la muerte del concejal Fernando Albán, por lo que se reiniciará nuevamente la investigación.

La medida se anunció el mismo día que se cumplen dos años de la muerte del dirigente político de tendencia opositora quien falleció de forma repentina, mientras se encontraba bajo la custodia de funcionarios del régimen.

Las autoridades indicaron, en aquel momento, que el concejal presuntamente perdió la vida al lanzarse desde uno de los pisos de una sede del Sebin en la ciudad de Caracas. Sin embargo, la oposición venezolana denunció que falleció a consecuencia de torturas recibidas, mientras se encontraba en custodia, acusado de haber participado en un fallido ataque con drones contra el líder del PSUV Nicolás Maduro, ocurrido en agosto del año 2018, durante un acto con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la avenida Bolívar de Caracas.

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“El Tribunal vigésimo noveno en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas decretó la nulidad absoluta del acto conclusivo de acusación interpuesto por el Ministerio Público, por violación del artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y falta de cumplimiento de los artículos 262 y 263 del Código Adjetivo Penal, retrotrayendo la causa a la fase de investigación”, expresó el organismo encargado del caso en cuestión.

De igual forma, manifestaron que la decisión del juzgado en la causa seguida a los ciudadanos Miguel David Do Santos Rodríguez y Keiberth José Cibelli Moreno, por la comisión del delito de quebrantamiento de obligaciones de custodia, previsto y sancionado en el artículo 267 del Código Penal, donde aparece como víctima el ciudadano Fernando Alberto Albán, se fundamentó en los artículos 174, 175 y 180 del Código Orgánico Procesal Penal.

Luisa Ortega Díaz, exfiscal general de la República en el exilio denunció, en el año 2019, ante la Corte Penal Internacional la muerte del militante del partido de tendencia opositora Primero Justicia y aseguró que la autopsia efectuada al cadáver fue practicada por una persona sin credenciales.

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