Un año y medio después el panorama es muy distinto. Moreno ganó esos comicios, rompió con su antecesor y el jueves expulsó a la embajadora venezolana a raíz de virulento choque por la emergencia migratoria. “Ese socialismo corrupto, asesino y mentiroso del siglo XXI todavía vive en Venezuela”, se lee en el comunicado del Ejecutivo, habitualmente moderado en sus comentarios de política exterior.

Se trata de la enésima muestra de la soledad de Maduro, quien respondió con la misma medida. Ecuador es el último país que pasa por una crisis diplomática con Caracas, después de Colombia, Perú, Chile, Gobiernos europeos como el español –cuyo embajador a principios de año fue obligado a abandonar su puesto, aunque en abril se reanudaron las relaciones– y Estados Unidos, que no tiene embajador desde 2010 y conserva un encargado de negocios.

En medio queda la historia del aislamiento paulatino del régimen. Cada paso emprendido por el chavismo desde la anulación del Parlamento ha provocado la condena de la inmensa mayoría de la comunidad internacional. La represión de las manifestaciones de protesta que dejaron más de 150 muertos en tres meses; la votación de una Asamblea Nacional Constituyente; la aniquilación de la alianza opositora Mesa de Unidad Democrática; una gestión económica desastrosa y una hiperinflación imparable; hasta la convocatoria, el pasado 20 de mayo, de unas elecciones presidenciales celebradas sin apenas observación ni garantías democráticas y que supusieron el triunfo de Maduro.

Las sanciones contra dirigentes del chavismo adoptadas por Washington y Bruselas constituyen, probablemente, el mayor motivo de malestar del aparato oficialista, que trata de aprovecharlas para alimentar el discurso del enemigo exterior.

Dos causas

Pero el deterioro de la política exterior de Venezuela tiene desde hace unos meses fundamentalmente dos causas: el éxodo masivo y el atentado contra el mandatario, realizado con drones durante una parada militar el pasado 4 de agosto. En el primer caso se trata de un fenómeno que está desbordando a América Latina. Alrededor de 2,3 millones de venezolanos, según cálculos de Naciones Unidas, han cruzado la frontera en busca de oportunidades. Cerca de un millón de se encuentran actualmente en Colombia, donde esa crisis está teniendo un impacto sin precedentes en el país andino, con consecuencias aún desconocidas, mientras que Ecuador y Perú son otros de los principales destinos de los migrantes. Maduro niega que exista una diáspora a pesar de las evidencias y su Gobierno ha llegado a escenificar repatriaciones colectivas convenientemente retransmitidas por televisión para intentar demostrar lo contrario.

La retórica del mandatario bolivariano recurre, en prácticamente cada intervención pública, a la búsqueda de supuestos culpables. De lo que califica de “guerra económica”, del desabastecimiento crónico, de la migración y ahora también del ataque que sufrió en agosto. El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, vinculó abiertamente a los servicios diplomáticos de México, Colombia y Chile con la logística de ese atentado y les instó a aclarar si tuvieron algo que ver.

Esas exigencias provocaron un rechazo unánime y contribuyeron a tensar todavía más la relación. Do de esos países, Colombia y Chile, apoyaron junto a Francia, Argentina, Canadá, Paraguay y Perú una denuncia contra Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya que pide una investigación de Maduro como máximo responsable de “graves violaciones de los derechos humanos”.